Desde que el actual Gobierno llegó a la Presidencia en 2018, las pensiones han ocupado un lugar central en el discurso del Gobierno. Su revalorización se presenta como prueba del compromiso con los mayores. Sin embargo, explicar cuánto suben sin detallar cómo se financian y cuánto queda después de impuestos ofrece una imagen incompleta.
La noticia de otro préstamo de unos 10.000 millones del Estado a la Seguridad Social vuelve a evidenciar esa contradicción. Garantizar el pago es imprescindible. Encadenar préstamos no equivale a resolver el desequilibrio que obliga a solicitarlos.
Las cuentas de la Tesorería permiten seguir el recorrido durante este periodo gubernamental. En 2020, los préstamos ascendieron a 30.330 millones, incluyendo una aportación extraordinaria vinculada a la pandemia. En 2021 fueron 13.830 millones; en 2022 bajaron a 6.982 millones y en 2023 volvieron a superar los 10.000 millones.
El Tribunal de Cuentas confirma otros 10.004 millones en 2024 y otros tantos en 2025. El pasado 20 de octubre se autorizó nuevamente un préstamo. La continuidad resulta difícil de conciliar con el compromiso del Pacto de Toledo de terminar con esta práctica en 2023.
Explicar cuánto suben las pensiones sin detallar cómo se financian y cuánto queda después de impuestos ofrece una imagen incompleta.
Conviene distinguir préstamos de transferencias: estas últimas financian también obligaciones que corresponde asumir al Estado. Pero ninguno de los dos instrumentos hace desaparecer el coste. Lo que no cubren los recursos propios debe financiarse mediante impuestos, reasignaciones presupuestarias o endeudamiento. La factura alcanza a los contribuyentes actuales, incluidos los pensionistas que tributan, y puede trasladarse parcialmente al futuro.
Mientras tanto, la comunicación política destaca las revalorizaciones: un 8,5 % en 2023, un 3,8 % en 2024, un 2,8 % en 2025 y un 2,7 % en 2026, según la Seguridad Social. Son incrementos relevantes, pero proteger el importe bruto frente al IPC no garantiza automáticamente idéntica protección del ingreso disponible.
El Banco de España ha documentado la progresividad en frío: cuando las rentas nominales crecen y los parámetros del IRPF no se actualizan plenamente con la inflación, aumenta el tipo efectivo. Un pensionista puede recibir una subida destinada a compensar los precios y entregar a Hacienda una proporción mayor de su renta, sin haberse enriquecido realmente.
Ahí reside el carácter engañoso de una promesa formulada sin matices. La revalorización existe; lo que puede quedar erosionado es su efecto neto. No sucede igual en todos los casos ni significa que Hacienda absorba toda la subida. Depende de la renta, las circunstancias personales y la fiscalidad aplicable.
También los trabajadores soportan mayores aportaciones: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional alcanza en 2026 el 0,90 % de la base de cotización, repartido entre empresa y empleado.
Los pensionistas constituyen un colectivo social y electoral decisivo. Precisamente por eso merecen explicaciones completas, no únicamente porcentajes favorables en los anuncios.
Defender las pensiones exige garantizar su suficiencia y explicar su financiación. El Gobierno debería presentar conjuntamente la subida bruta, su efecto fiscal y el esfuerzo exigido al conjunto de la sociedad. Celebrar la primera y relegar los otros dos aspectos convierte la rendición de cuentas en una campaña permanente.
